Trabajo limita la ayuda para reducir la jornada a un solo contrato indefinido por microempresa y obligará a mantenerlo tres años en plantilla

El Ministerio prevé que se acojan a la medida más de 80.000 empresas y autónomos, que crearían empleos equivalentes a unos 65.000 contratos a jornada completa

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa, por primera vez por escrito, lo que ha bautizado como «Plan Pyme 375» o, en su versión larga, el «Plan de medidas de acompañamiento a la pequeña empresa en la implantación de la reducción y el registro de jornada». El documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, ha sido entregado este mismo viernes a los negociadores de la patronal y los sindicatos, que ahora tienen que analizar la letra pequeña.

A priori, el plan de acompañamiento para pymes del Gobierno limita considerablemente el alcance de las ayudas, ya que sólo se beneficiarán las empresas de hasta 10 trabajadores con un volumen de negocio inferior a 2 millones de euros al año y que tengan que implantar la reducción de jornada prevista legalmente (es decir, aquellas que no tengan ya una jornada efectiva por debajo de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual).

El Ministerio no ha concretado, por el momento, la bonificación máxima en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, pero sí acota la ayuda a la «contratación indefinida de personas trabajadoras con ocasión de la aplicación y puesta en marcha de la reducción de jornada máxima legal». Es decir, a aquellos contratos que se firmen para cubrir las necesidades productivas por la nueva jornada de 37,5 horas, que tendrán que ser en todo caso indefinidos.

Pero los requisitos que plantea limitan considerablemente el alcance, ya que «alcanzará a una sola contratación por empresa o persona autónoma o, alternativamente, a la conversión de un contrato a tiempo parcial en contrato a tiempo completo». Además, «las bonificaciones se aplicarán a los contratos o conversiones que se realicen en los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la reducción legal de la jornada legal de trabajo y tendrán una duración de un año».

En paralelo, el Ministerio ha introducido una restricción que podría restar atractivo a estas bonificaciones, ya que en el apartado de requisitos y condiciones establece que «la nueva contratación ha de suponer un incremento del empleo neto de la plantilla y existe la obligación de su mantenimiento durante tres años«.

El documento aclara que para acceder a la bonificación debe tratarse de contratos indefinidos, sean a tiempo completo o a tiempo parcial, siempre que en este último caso superen el 50% de la jornada a tiempo completo. «En este último caso, la bonificación se reducirá en proporción a la parcialidad», explica. Alternativamente se bonificará la conversión de un contrato a tiempo parcial en otro a tiempo completo, en proporción al tiempo que resulte de la ampliación de jornada.

Con todo, Trabajo calcula que se podrán beneficiar de la bonificación hasta 1,2 millones de empresas con menos de 10 personas trabajadoras, con un 40% de potenciales beneficiarios con la categoría de trabajadores autónomos. «Estas empresas tienen mayor implantación en la hostelería y el comercio, donde se halla más de un tercio de las potenciales beneficiarias», explica el Ministerio en su propuesta.

También estima que hasta el 70% de las contrataciones podrían disfrutar de alguno de los incrementos adicionales de bonificaciones que ofrecen para mujeres, personas jóvenes hasta 30 años o personas mayores de 55. Y de manera global prevé que se acojan a la medida más de 80.000 empresas y autónomos, que crearían empleos equivalentes a unos 65.000 contratos a jornada completa.

Endurecimiento del registro horario

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha valorado tras la reunión mantenida este viernes que estas medidas favorecerán la creación de empleo de calidad, especialmente en ámbitos como el comercio o la hostelería. Y ha avanzado otra novedad, y es que para garantizar el cumplimiento de la reducción de jornada se va a reforzar el registro horario obligatorio y se van a incrementar las sanciones a las empresas incumplidoras, y para ello el Ministerio ya ha constituido un grupo de expertos, que lleva semanas trabajando en un eventual desarrollo reglamentario que se pondrá en marcha una vez entre en vigor la nueva jornada de 37,5 horas.

Los representantes de los sindicatos, por su parte, han mostrado su sorpresa ante el anuncio del secretario de Estado. Ni la secretaria de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, ni el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, conocían que el Ministerio ya tiene en marcha un grupo de expertos abordando este asunto. El representante de UGT ha sido especialmente incisivo en este tema, especialmente en el incumplimiento por parte de las empresas en materia de horas extra, y de hecho ha sido su sindicato el que ha propuesto en la mesa que el desarrollo del registro horario se lleve a cabo al margen de la reducción de jornada, algo que ha valorado positivamente el Ministerio.

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